COMENTARIOS AL BORRADOR DE LA NUEVA REGULACIÓN DEL CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA.

Si todo sigue lo previsto, el Consejo de Ministros del día 11 de marzo aprobará dos Proyectos de Ley que afectan a la actividad de capital riesgo. A la vista de los borradores que se han hecho públicos en la página web del Ministerio de Economía, resulta procedente realizar varios comentarios que puedan ser considerados antes de que dicha aprobación tenga lugar.

El primer proyecto de Ley pretende la sustitución de la Ley 1/1999, de 5 de enero, que recoge la regulación específica del capital riesgo en España. Después de múltiples contactos con operadores y expertos del sector, representados los primeros por el Comité Legal y Fiscal de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI), se hace público el citado borrador el 1 de marzo.

En segundo término, se pretende la aprobación de un Proyecto de Ley de Reformas Tributarias diversas para impulsar la productividad. Entre ellas se añaden dos apartados (6 y 7) al artículo 55 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que pueden convertir en papel mojado la mejoría en el tratamiento.

De forma resumida, y con un pequeño número de matizaciones, el borrador del primer proyecto completa la ley anterior, dando entrada a la figura del «Fondo de Fondos» e introduciendo dos tipos de entidades, de régimen común y de régimen simplificado, para agilizar los trámites de autorización.

Constituye un lugar común afirmar que carece de sentido una regulación que limite la actividad porque la consecuencia inmediata, existiendo libertad de movimiento de capitales, sería la expulsión de los vehículos radicados en España. Teniendo en cuenta que casi el 60% de la actividad se desarrolla, en este momento, desde vehículos radicados en el extranjero, sólo tiene sentido cambiar la Ley si se pretende que ese porcentaje disminuya. Dicho aumento se puede hasta cuantificar, porque el volumen de recursos procedentes del extranjero representaba, a 31 de diciembre de 2004, algo más del 40% de los capitales gestionados.

Por otra parte, la mejoría en la regulación, así como la eliminación de otras trabas para la intervención de inversores institucionales, permitiría el aumento del peso de inversores nacionales, limitando el riesgo a una caída de la actividad de capital riesgo si el atractivo de esta actividad financiera en España disminuyese para los inversores extranjeros. Con ligeros matices, se puede decir que el proyecto es mejor que la Ley anterior.

Sin embargo, el interés de una entidad para acogerse a la nueva regulación está en el tratamiento fiscal que recibirá. Para los que desconozcan el sector, con esta actividad, un vehículo inversor se interpone entre los aportantes de recursos y las empresas participadas, haciendo posible la canalización de recursos a largo plazo a empresas no cotizadas. Si no tiene un tratamiento especial, como ocurre en los fondos de inversión, el inversor final tributaría doblemente por una actividad que, como se está demostrando, es buena para la economía. Estos inversores aportan financiación a proyectos empresariales en expansión y liquidez a accionistas de empresas consolidadas en las que no hay salida. Con lo primero se crea riqueza y empleo, mientras que con lo segundo se evita la destrucción de riqueza al dar futuro a negocios estancados o empresas con problemas de sucesión.

Pues bien, el tratamiento fiscal de la renta de las entidades de capital riesgo, que en el impuesto sobre sociedades incluía la exención del 100% de dividendos de participadas y el 99% de las plusvalías, para evitar en lo posible la doble tributación, se ve alterado al añadirse dos párrafos al artículo 55, en un sentido no conocido por los que fuimos consultados o informados a lo largo del proceso de redacción del borrador.

En los párrafos 6 y 7 se excluye de la exención del apartado 1 cuando la persona o entidad adquirente está vinculada directa o indirectamente con la entidad de capital riesgo o con sus socios o partícipes. Este planteamiento, que desconozco con qué objetivo se introduce, daña la actividad directamente en varios aspectos. Los dos más importantes son:

  • Desincentiva la realización de «ventas secundarias» (secondary buyouts), que facilitan la salida de los inversores, en un entorno en el que no hay un mercado de valores que permita una desinversión ágil de participaciones.
  • En segundo término, limita la posibilidad de coinvertir con inversores industriales que, además de aportar valor con su conocimiento del mercado o la tecnología, reduciendo el riesgo del inversor de capital riesgo, podrían constituirse en compradores de la participación, facilitando de nuevo las desinversiones.

En definitiva, todo el trabajo bien hecho de elaboración de una ley necesaria para incentivar una actividad financiera que contribuye a crear riqueza y empleo, cumpliendo una parte de las funciones de un inexistente mercado de valores para las empresas que no pueden cotizar en los mercados oficiales (que son casi todas), puede quedar en nada. Y lo que es peor, es posible que se produzca la expulsión de entidades cuyos inversores se vean directamente afectados por los mencionados párrafos.

Por tanto, se recomienda una reflexión profunda que evite los efectos negativos de los cambios, pues me consta que no es el interés del Gobierno reducir esta actividad, sino más bien incrementarla para que desarrolle su positivo impacto sobre las empresas no cotizadas.

 

José Martí Pellón

Universidad Complutense de Madrid