22/12/2022

Nota de prensa SPAINCAP 

ANÁLISIS DE LA LEY DE FOMENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRESAS EMERGENTES (LEY DE STARTUPS).

En el BOE de 22 de diciembre de 2022 se ha publicado la Ley de Startups. Entrará en vigor a partir del día siguiente, pero las modificaciones a la Ley del IRPF aplicarán desde el 1 de enero de 2023. La Ley de Startups tiene como objetivo apoyar la creación y crecimiento de empresas emergentes e innovadoras en España.

Junto con la Ley Crea y Crece y la Ley Concursal, es una de las iniciativas clave del 2022 para la mejora del clima de negocios en España. SPAINCAP ha representado los intereses del capital privado a lo largo de la tramitación de la Ley. Enviamos aportaciones al entonces anteproyecto de ley en el trámite de audiencia e información pública.

Desde entonces hemos mantenido un contacto estrecho con la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y con la Dirección General de Tributos. Una vez remitido el proyecto de ley a las Cortes Generales, nos reunimos con los principales grupos parlamentarios y les propusimos enmiendas para la mejora técnica del texto.

Nuestros esfuerzos, coordinados con Adigital y con la Asociación Española de Startups, se han focalizado en el tratamiento fiscal del carried interest, y en la definición de empresa emergente en lo que se refiere al volumen de negocios y al marco temporal. Celebramos el éxito colectivo de que el carried interst se integre como rendimiento de trabajo al 50% en la base imponible del IRPF.

También celebramos que el volumen de negocios anual máximo para que una empresa sea considerada emergente se haya elevado de €5 millones a €10 millones. Somos positivos en la valoración del texto finalmente aprobado y continuamos trabajando con el Gobierno y con las asociaciones en el desarrollo reglamentario de esta Ley. Detallar los criterios para determinar el carácter innovador de una empresa emergente y crear el Foro Nacional de Empresas Emergentes, son los principales retos por delante.

A continuación, os presentamos un análisis que sintetiza las principales novedades de la Ley de Startups, tanto desde el punto de vista de las empresas emergentes, como del de los inversores y otros stakeholders privados, y del de la colaboración público[1]privada.

1. EMPRESAS EMERGENTES.

1.1. Concepto de empresa emergente.

• Acreditación del emprendimiento innovador (arts. 4 y 5 de la Ley de Startups). El carácter innovador del modelo de negocio depende del desarrollo de productos, servicios o procesos que mejoren sustancialmente el estado de la técnica e impliquen un riesgo de fracaso. Los emprendedores deberán solicitar a ENISA evaluar el carácter innovador del modelo de negocio. ENISA resolverá el procedimiento en un plazo de 3 meses desde la fecha de solicitud y la aportación de toda la información necesaria. En caso de no obtenerse respuesta, el silencio administrativo será positivo. En su análisis, ENISA valorará: el grado de innovación; el grado de atractivo de mercado; la fase de vida de la empresa; el modelo de negocio; la competencia; la experiencia del equipo; la dependencia de proveedores, suministradores y contratos de alquiler; y el volumen de clientes o usuarios.

• Principales requisitos para la aplicación de los beneficios y especialidades de la Ley (arts. 3 y 6 de la Ley de Startups). o Sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España. o Menos de 5 años desde la fecha de inscripción en el registro mercantil (7 años en el caso de empresas biotecnológicas, energéticas, industriales u otras que se establezcan a futuro). o Volumen de negocios anual inferior o igual a €10 millones. o 60% de la plantilla con un contrato laboral en España. o No distribuir ni haber distribuido dividendos. o No cotizar en un mercado regulado (no impide cotizar en un sistema multilateral de negociación (SMN) o en un sistema organizado de contratación (SOC)). o Finalmente, no se establecen límites al emprendimiento en serie, por lo que no se tendrá en cuenta el número de empresas emergentes que previamente hayan creado los socios fundadores.

1.2. Causa de disolución (art. 13 de la Ley de Startups). No se incurrirá en causa de disolución por pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social hasta que no hayan pasado 3 años desde la constitución de la empresa emergente. Todo ello sin perjuicio de que proceda solicitar la declaración de concurso.

1.3. Incentivos fiscales (arts. 7 y 8 de la Ley de Startups). Las entidades beneficiarias, ya sean contribuyentes del Impuesto de Sociedades (IS) o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), tributarán al tipo del 15%. El tipo reducido aplicará durante los cuatro primeros periodos impositivos desde la acreditación como empresa emergente, siempre y cuando se sigan cumpliendo con los requisitos. Además, se podrá solicitar a la Administración Tributaria del Estado el aplazamiento del pago de la deuda tributaria de los dos primeros periodos con base imponible positiva. El aplazamiento será de 12 y 6 meses, respectivamente, y, una vez finalizado, el ingreso se hará en el plazo de un mes. Será necesario estar al corriente de las obligaciones tributarias en el momento de la solicitud y haber presentado la autoliquidación en plazo. Por último, ya sea la entidad beneficiaria contribuyente del IS o del IRNR, no tendrá obligación de efectuar pagos fraccionados.

2. STAKEHOLDERS DE LAS EMPRESAS EMERGENTES.

2.1. Disposiciones generales para la internacionalización.

• Ventanilla única (disp. adicional sexta de la Ley de Startups y sección II del Capítulo IV del Título V de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores). Los órganos competentes de la tramitación de visados y permisos de residencia para la entrada y permanencia en España por razones de interés económico favorecerán modelos de ventanilla única para resolver todos los procedimientos. Es norma beneficia a inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores, y trabajadores internacionales o que efectúen movimientos intraempresariales.

• Régimen de impatriados (art. 93 de la Ley del IRPF). Se abre la puerta a que, bajo determinadas circunstancias, las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España puedan tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) durante el periodo impositivo en el que se produce el cambio de residencia y durante los cinco siguientes. El tipo aplicable será del 24% hasta los €600.000 y del 47% en adelante.

Deberán cumplirse los siguientes requisitos: o No haber sido residentes en España durante los cinco periodos impositivos anteriores. o Que el desplazamiento a España venga motivado por: contrato de trabajo, ya sea ordenado por el empleador o por una opción de teletrabajo; adquisición de la condición de administrador de una empresa; desarrollo de una actividad emprendedora; o prestación de servicios altamente cualificados a una empresa emergente. o Que no se obtengan rentas a través de establecimientos permanentes situados en España (excepto que se deba a la actividad emprendedora o a los servicios altamente cualificados antes referidos).

2.2. Inversores.

• Identificación de inversores extranjeros (art. 9 de la Ley de Startups). Los inversores extranjeros que quieran invertir en empresas emergentes españolas no estarán obligados a disponer de un número de identidad de extranjero (NIE). Deberá solicitarse por vía electrónica a la Administración Tributaria un número de identificación fiscal (NIF).

• Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (art. 68.1 de la Ley de IRPF). La suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación podrá ser deducida en el IRPF al 50%, siendo la base máxima de la deducción de €100.000 anuales.

Los principales requisitos son: o El contribuyente, por si solo o junto con sus familiares hasta 2º grado, no podrá, como regla general, poseer más del 40% del capital social de la empresa. Este límite no resulta de aplicación a los propios socios fundadores de la empresa emergente. o Las acciones o participaciones deberán adquirirse en el momento de constitución de la empresa o mediante ampliaciones de capital en un plazo general de 5 años (7 años si son empresas biotecnológicas, energéticas, industriales u otras que se establezcan a futuro). o El contribuyente deberá mantener las acciones o participaciones en su patrimonio por un periodo superior a 3 años e inferior a 12 años. o Los fondos propios de la entidad no podrán ser superiores a €400.000 en el inicio del período impositivo en el que el inversor adquiera las acciones o participaciones.

Deberán integrarse los fondos de todas las empresas del mismo grupo. o Están excluidas de la deducción las inversiones en dos casos: en las empresas con un objeto social de gestión de patrimonio mobiliario o inmobiliario; y en las empresas que mantienen la misma actividad que una empresa anterior y que suponen un mero cambio de titularidad. o La empresa no podrá estar admitida a negociación en ningún mercado organizado, ya sea mercado regulado o un sistema multilateral de negociación (SMN).

• Carried interest (disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley de IRPF). Serán rendimientos del trabajo los derivados directa o indirectamente de participaciones, acciones u otros derechos, incluidas comisiones de éxito, obtenidos por la gestión de fondos vinculados al emprendimiento y a la innovación desde determinadas entidades: o Entidades de capital riesgo (ECRs), concretamente SCRs y FCRs, tanto las ordinarias como las pymes. o Fondos de capital riesgo europeos. o Fondos de emprendimiento social europeo. o Fondos de inversión a largo plazo europeos. o Otras entidades similares.

Los mencionados rendimientos del trabajo se integrarán en la base imponible del IRPF en un 50%. No obstante, se establece un periodo de mantenimiento mínimo de cinco años, salvo que se produzca una transmisión mortis causa o tenga lugar un cambio de entidad gestora. Por otro lado, los beneficios no aplicarán si la entidad es residente en una jurisdicción no cooperativa o con la que no exista acuerdo de intercambio de información tributaria. 2.3. Trabajadores por cuenta ajena, trabajadores autónomos y administradores.

• Stock options (art. 10 de la Ley de Startups y arts. 14.2.m), 42.3.f) y 43.1.1º.g) de la Ley del IRPF). La junta general de la empresa emergente podrá autorizar la adquisición de participaciones propias hasta un máximo del 20% del capital. Así mismo, se retrasa el momento del devengo hasta que se produzca la venta de dichas participaciones o la salida a bolsa de la compañía.

La adquisición deberá hacerse en el marco de un plan de retribución a administradores, empleados y otros colaboradores de la empresa emergente. Los estatutos de la empresa especificarán el número máximo de participaciones a asignar, su valor de referencia y la duración del plan de retribución.

Las participaciones deberán estar íntegramente desembolsadas y su adquisición deberá efectuarse en los cinco años siguientes al acuerdo de autorización. La adquisición no podrá suponer que la suma del capital social y las reservas sea superior al patrimonio neto. Los rendimientos de trabajo en especie derivados de la entrega de acciones de la empresa emergentes a sus trabajadores estarán exentos en el Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF) hasta los €50.000.

No será necesario que las condiciones sean iguales para todos los trabajadores, pero sí que todas estén dentro de la misma política retributiva general de la empresa. Además, esta retribución en especie deberá contribuir a la participación de los trabajadores en la empresa.

• Cuota de los trabajadores autónomos (art. 38 del Estatuto del trabajo autónomo). Se bonifica al 100% durante tres años la cuota de autónomos a los trabajadores autónomos que posean el control efectivo de una empresa emergente y que paralelamente sean trabajadores por cuenta ajena. La bonificación comienza en la fecha del alta derivada de la dedicación como autónomo a la empresa emergente. Si la situación de pluriactividad cesa se extinguirá la bonificación y ya no podrá reiniciarse.

3. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.

3.1. Compra pública innovadora (art. 14 de la Ley de Startups). Los ministerios y organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado (AGE) podrán desarrollar planes de compra pública de tecnología o de procesos innovadores, así como de compra pública precomercial. Los pliegos de cláusulas administrativas podrán establecer que la propiedad intelectual derivada del desarrollo del objeto del contrato será compartida entre la Administración y la empresa emergente. Si es viable, el contrato se dividirá en fases de ejecución y se efectuarán pagos parciales.

3.2. Entornos controlados de pruebas (art. 16 de la Ley de Startups). Se establecerán entornos controlados para evaluar las innovaciones tecnológicas aplicadas a la provisión de bienes y servicios, a nuevos procesos y a nuevas formas de supervisión y control por parte de las autoridades. Se pone el acento en el impulso de las zonas rurales como entornos de pruebas. Para la definición de las pruebas y de las normas que rijan su desarrollo, se negociarán protocolos entre las autoridades supervisoras y el promotor (la empresa emergente).

3.3.Universidades (art. 18 de la Ley de Startups y disposición final cuarta). Las universidades españolas deberán favorecer la empleabilidad y el emprendimiento. Con este propósito, podrán crear o participar en entidades y empresas. Las empresas de base tecnológica spinoff que se formen en universidades españolas serán consideradas empresas emergentes si suponen el desarrollo de productos, servicios o procesos que mejoren sustancialmente el estado de la técnica, y si cumplen el resto de requisitos del art.

3.2 de la Ley de Startups. Así mismo, se introduce la figura de las startup de estudiantes, que actualmente está siendo desarrollada reglamentariamente. Debe entenderse como una herramienta pedagógica. Se constituirán a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y tendrá una duración de un curso escolar, prorrogable por un segundo curso. La startups de estudiantes podrán abrir cuentas bancarias y realizar las transacciones financieras básicas.

1.1. Ayudas a las empresas emergentes (arts. 19 a 23 de la Ley de Startups). Se creará un “sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación”, que consistirá en un conjunto de programas, liderados por la AGE y en cooperación con las administraciones autonómicas y locales, de fomento de empresas emergentes. Las acciones prioritarias son la coinversión con el capital privado y la generación de redes de empresas emergentes. De cara a la planificación, el Gobierno aprobará un programa plurianual de ayudas. Por otra parte, en la concesión de subvenciones, las condiciones de prestación de garantías que se dispongan serán flexibles para las empresas emergentes. Se les ofrecerá modular la garantía a cambio de modular la intensidad de la ayuda.

1.2. Foro Nacional de Empresas Emergentes (arts. 25 y 26 de la Ley de Startups). El Foro está llamado a ser un pilar central de la colaboración público-privada para el impulso del emprendimiento, operando de forma complementaria al Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa. Será un órgano interministerial consultivo formado por: Administraciones Públicas (AAPP); universidades y centros de investigación; asociaciones empresariales; empresas emergentes y aquellas otras que colaboran con ellas. Entre otras funciones, emitirá informes preceptivos y no vinculantes respecto a la aplicación de la ley de startups.

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